A propósito de un proyecto de Ley de la Abogacía Peruana

Hace algunas semanas vi una noticia sobre un proyecto de la abogacía peruana, que me dejó pensando en la necesidad de regular nuestra profesión.

Si bien el proyecto resulta un despropósito totalmente, no deja de ser cierto que la profesión abogadil entre nosotros pide a gritos una regulación o cuando menos una política que le de atención (o cuidados intensivos). Esto en la medida que los servicios de justicia y su efectividad dependen no solamente de los funcionarios públicos a cargo de dicha actividad (llámese jueces, fiscales, administrativos, entre otros), sino también de los abogados litigantes. Esa circunstancia amerita un adecuado control de estándares mínimos de formación y de control de quienes ejercen la profesión.

En el caso peruano, no hay control alguno sobre lo que se enseña a los futuros abogados (cada universidad decide que enseña a sus estudiantes, no existiendo mínimos establecidos ni modelos) y cualquier una vez terminada la carrera y rendidos los exámenes respectivos puede ejercer libremente la profesión, sin que casi exista control alguno posterior. Me dirán, ¿por qué necesitamos esos controles? Pienso que la respuesta está vinculada a que la justicia es una parte relevante de la vida en sociedad, y así como no dejamos que un médico ejerza sin haber pasado muchos controles previos y posteriores, no deberíamos dejar que una parte tan importante de nuestra existencia sea dejada al azar. Esto último no sería un problema en un país donde la formación universitaria tuviera una calidad más o menos uniforme, pero ello lamentablemente no es así, por lo que termina dependiendo de cada universidad la calidad de los abogados que terminan ejerciendo la profesión.

Precisaré que lo que propongo no afectaría a las facultades más tradicionales y establecidas del medio, quienes probablemente deban asumir un rol ejemplificador, pero si obligará a las demás a elevar el nivel de preparación.

Otra cuestión que considero relevante, pero para la cual no tengo ya espacio, es la de reconocer que terminada la carrera no se cuenta con herramientas suficientes para ser consultor, litigar, ser arbitro o juez, se requiere llevar una maestría que culmine la fase de especialización. No menciono el caso de la docencia, porque creo que resulta evidente que el camino académico es a todas luces diferente, siendo que va en la ruta larga del doctorado.

Bueno, ahí lo dejo, hasta otro post.

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